El libro de María Esther Sánchez López se centra en el núcleo de la Ley 7/2012, que introdujo una serie de nuevos supuestos de responsabilidad tributaria. Estos supuestos, en esencia, establecen que las personas físicas y jurídicas pueden ser consideradas responsables tributarias, incluso si no son directamente involucradas en la realización de la actividad ilícita. Antes de la ley, la responsabilidad tributaria se basaba en la participación directa en la comisión de infracciones fiscales. Ahora, se extiende a situaciones donde existe una conexión funcional o de riesgo con la actividad fraudulenta, una vez que la Administración tributaria ha reunido pruebas suficientes para justificar esa vinculación. Este cambio fundamental se basa en la premisa de que la lucha contra el fraude fiscal requiere no solo la persecución de los autores materiales, sino también la identificación y sanción de aquellos que, a través de su colaboración, facilitan o contribuyen al mismo.
La ley define específicamente los tipos de responsabilidad tributaria. Se distinguen: la responsable por participación (cuando el individuo tiene una relación directa con la realización de la infracción); la responsable por facilitación (cuando el individuo facilita la realización de la infracción, por ejemplo, ofreciendo servicios que la permitan); y la responsable por riesgo (cuando existe un riesgo considerable de que el individuo esté involucrado en la infracción, basándose en criterios como el tipo de negocio, la relación con el contribuyente responsable y la existencia de indicios de riesgo). La determinación de la responsabilidad por riesgo es, sin duda, el aspecto más controvertido de la ley, y donde reside la mayor incertidumbre. La Administración tributaria debe presentar pruebas sólidas que justifiquen la existencia de ese riesgo, lo cual representa un desafío significativo.
Además, la ley aborda aspectos cruciales relacionados con la procedimiento administrativo en estos casos. Se establecen plazos específicos para que la Administración tributaria notifique al responsable de las operaciones sospechosas, y para que éste pueda presentar alegaciones y pruebas en su defensa. Se refuerza la importancia del debido proceso y el derecho a la defensa. La ley también otorga a la Administración tributaria la potestad de acceder a información financiera y de terceros, con el fin de reconstruir la cadena de operaciones y determinar la verdadera naturaleza de las transacciones. La coordinación entre las diferentes administraciones tributarias, tanto a nivel nacional como internacional, se considera esencial para el éxito de estas acciones.
El libro detalla cómo la nueva legislación adapta la figura del responsable tributario a las exigencias de la lucha contra el fraude, reconociendo que la naturaleza de la actividad ilícita ha evolucionado y que la Administración tributaria necesita herramientas más amplias para actuar. Antes, la responsabilidad se limitaba a la participación directa en la realización de la infracción. Ahora, la ley amplía el concepto para incluir a aquellos que, por su posición o relación con el contribuyente responsable, pueden haber facilitado o contribuido al fraude, incluso sin ser directamente involucrados. Esto es fundamental para disuadir a aquellos que, a sabiendas, están dispuestos a facilitar el fraude por razones de conveniencia o para obtener ventajas fiscales.
En particular, se analiza el impacto de la responsabilidad por riesgo. La ley establece criterios para determinar si existe un riesgo significativo de que un contribuyente esté involucrado en una actividad fraudulenta. Aunque la ley no define explícitamente estos criterios, se indica que deben tener en cuenta factores como la naturaleza del negocio, las relaciones entre el contribuyente responsable y el contribuyente responsable, y la existencia de indicios de riesgo. La administración debe demostrar el riesgo, lo que requiere una labor de investigación y análisis muy cuidadosa. La clave está en la «conexión funcional», donde se busca establecer un vínculo entre la operación sospechosa y el contribuyente responsable. No se trata de una prueba de participación, sino de demostrar que existe un riesgo considerable de que el contribuyente responsable esté involucrado en el fraude.
El libro también aborda la cuestión de la eficacia de estos nuevos poderes. Aunque la ley ha dotado a la Administración tributaria de herramientas más potentes, existe un reconocimiento de que su efectividad práctica aún está por determinarse. Esto se debe, en parte, a la complejidad de la legislación y a la necesidad de que la Administración tributaria desarrolle procedimientos y criterios claros para la aplicación de los nuevos supuestos de responsabilidad. Se reconoce que requerirá un tiempo para evaluar su impacto real y para ajustar la legislación si es necesario. El libro ofrece una perspectiva crítica sobre este punto, subrayando la importancia de un enfoque equilibrado que proteja los derechos de los contribuyentes y que garantice que la lucha contra el fraude fiscal se realice de manera justa y transparente.
Opinión Crítica de Los Nuevos Supuestos de Responsabilidad Tributaria Tras la Ley 7/ 2012, de 29 de Octubre
La obra de María Esther Sánchez López representa un análisis valioso y necesario de la Ley 7/2012, pero no está exenta de críticas y desafíos. Si bien la ley es un paso importante para intensificar la lucha contra el fraude fiscal, su implementación presenta importantes desafíos, principalmente relacionados con la ambigüedad y la vaguedad de algunos de sus conceptos. La definición de «riesgo» es particularmente problemática, ya que permite a la Administración tributaria ejercer una amplia interpretación, lo que podría generar incertidumbre y litigios. La falta de criterios precisos para evaluar el riesgo puede llevar a una aplicación arbitraria y desproporcionada de las sanciones.
Además, el libro plantea un interrogante fundamental sobre el impacto en la relación entre el contribuyente y la Administración tributaria. La ley puede generar un clima de desconfianza y suspicionismo, ya que los contribuyentes pueden sentirse atacados y objetivados. Es crucial que la Administración tributaria actúe con transparencia y proceda con rigor y justicia, garantizando siempre el derecho a la defensa y el debido proceso. La «cultura de sospecha» puede disuadir a los contribuyentes de colaborar con la Administración, lo cual sería contraproducente para la lucha contra el fraude.
Sin embargo, el libro es valioso por su análisis exhaustivo de las implicaciones prácticas de la ley. Ofrece una perspectiva crítica sobre los desafíos que enfrenta la Administración tributaria y subraya la importancia de un enfoque equilibrado que proteja los derechos de los contribuyentes. Las recomendaciones del libro incluyen la necesidad de desarrollar procedimientos claros y estandarizados para la aplicación de los nuevos supuestos de responsabilidad, y de establecer mecanismos de control y supervisión para evitar abusos. También se destaca la importancia de fortalecer la coordinación entre las diferentes administraciones tributarias, tanto a nivel nacional como internacional, para combatir el fraude fiscal transnacional. se requiere un esfuerzo coordinado para que la ley se utilice de manera efectiva, protegiendo la legalidad y el ordenamiento tributario, y en beneficio de la sociedad.